De acuerdo con Banxico, la pandemia del COVID-19 y sus potenciales implicaciones negativas para la actividad económica global, aunadas a la abrupta caída de los precios del petróleo, han incidido negativamente sobre el comportamiento de los mercados financieros de nuestro país.
Los mercados cambiarios y de renta fija continúan mostrando poca profundidad, menor liquidez y un deterioro de las condiciones de operación. En este entorno, en las últimas semanas las autoridades financieras han tomado diversas medidas para promover un mejor funcionamiento de estos mercados.
Hoy, la Junta de Gobierno del Banco de México aprobó medidas adicionales orientadas a proveer liquidez para mejorar el funcionamiento de los mercados internos, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito en la economía y promover el comportamiento ordenado de los mercados de deuda y de cambios de nuestro país.
Lo anterior, a fin de reducir la posibilidad de que las instituciones de crédito tengan un comportamiento pro-cíclico, y de crear las condiciones que faciliten que los intermediarios financieros puedan cumplir su función prioritaria de proveer financiamiento a la economía, para que a su vez este pueda destinarse a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los hogares que han visto una reducción transitoria de sus fuentes de ingreso.
Estas medidas adicionales comprenden aquellas operaciones que la Ley del Banco de México le faculta realizar, bajo las condiciones que la misma ley prevé, en particular, aquellas de carácter extraordinario, para evitar trastornos en los sistemas de pagos que las circunstancias antes señaladas podrían ocasionar.
El Banco de México liberará recursos asociados al Depósito de Regulación Monetaria (DRM) o, de ser necesario, proporcionará financiamiento a plazo de entre 18 y 24 meses, con un costo igual al objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, a las instituciones de banca múltiple y de desarrollo que financien a las empresas y las personas físicas antes señaladas con recursos adicionales.
El financiamiento estará garantizado con títulos que deberán cumplir los mismos criterios de elegibilidad que en la FLAO. Para cuidar que el origen y administración de la cartera cumpla con lo establecido, el registro y seguimiento de los créditos asociados a esta facilidad se hará por un banco de desarrollo o institución de fomento, en los mismos términos de otros programas que llevan a cabo dichas instituciones, o bien directamente por el Banco de México.
Estos recursos podrán ser combinados con los programas de garantías que instrumenten la banca de desarrollo y las instituciones de fomento. Con este esquema, el Instituto Central proveerá recursos para fortalecer los canales de crédito en la economía a fin de que este pueda dirigirse a las empresas y hogares que pueden enfrentar reducciones transitorias en sus fuentes de ingreso, en beneficio del empleo y sectores de la población que no tienen acceso a otras fuentes de financiamiento.
El monto del programa será de hasta 250 mil millones de pesos y podrá ajustarse en atención a las condiciones prevalecientes en los mercados financieros. Los detalles finales se darán a conocer próximamente mediante la publicación de una circular que normará estas operaciones.
En su conjunto, las diez acciones aprobadas con estos fines apoyan el funcionamiento del sistema financiero hasta por 750 mil millones de pesos. Al sumarse a lo ya implementado, el total es equivalente al 3.3% del PIB de 2019.
