Según lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Política Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024 es resultado de un año de trabajo de las instituciones representadas al interior del CONAIF y del CEF en el que se buscó hacer más eficaces los esfuerzos en inclusión y educación financiera. Para ello, se incorporaron distintos elementos en la política.
Puntualizó que es una herramienta de política pública que abonará a la movilidad social, el crecimiento económico y con ello el bienestar de la población. Sus objetivos principales son: facilitar el acceso a productos y servicios financieros para personas y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme); incrementar los pagos digitales entre la población, comercios, empresas y los tres niveles de gobierno; fortalecer la infraestructura para facilitar el acceso y provisión de productos y servicios financieros y reducir las asimetrías de información.
También busca incrementar las competencias económico-financieras de la población; fortalecer el acceso a herramientas de información y a mecanismos de protección financiera y favorecer la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, personas adultas mayores, indígenas y población rural.
Mediante sus nuevos elementos y el alcance de sus distintos objetivos, la PNIF contribuirá a alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2015, por ejemplo: poner fin a la pobreza a través de productos financieros enfocados en el ahorro que permitan hacer frente a emergencias económicas, invertir en las empresas, la educación y la salud contribuyendo a la reducción de la pobreza.
De igual forma pretende poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible a través del acceso a seguros catastróficos que permiten a agricultores hacer inversiones en cultivos más riesgos pero con más ganancias; lograr la igualdad de género mediante productos de ahorro y/o créditos que incrementan el poder de negociación y decisión de las mujeres y con ello el gasto en educación y salud de los miembros del hogar; e impulsar el trabajo decente y crecimiento económico a través de mayor productividad entre las micro, pequeña y medianas empresas (Mipyme) derivada de mayor acceso al financiamiento.
