El gobierno de México y representantes de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos establecida en el país acordaron implementar mecanismos para garantizar procesos de contratación pública más íntegros, competitivos y eficientes, tras la anulación de una licitación que, según estimaciones de la Secretaría de Salud, pudo haber representado un daño al erario por más de 13 mil millones de pesos.
La decisión fue informada durante una reunión entre Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud; y Carlos Ulloa, nuevo titular de Birmex. En el encuentro participaron representantes de las principales organizaciones del sector: Canifarma, AMIIF, Anafam, AMELAF y AMID.
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, la nulidad de la licitación responde a irregularidades detectadas que comprometían la integridad del proceso. Se aclaró que esta determinación no afecta el abasto de medicamentos, ya que las órdenes de suministro vigentes permitirán mantener la disponibilidad durante el tiempo necesario para reponer el procedimiento y adjudicar nuevos contratos bajo criterios de legalidad y eficiencia.
Durante la reunión, el gobierno reafirmó su compromiso con la certeza jurídica, garantizando el pago a las empresas que ya han suministrado medicamentos y respetando plenamente sus derechos. Asimismo, se destacó que este tipo de resoluciones favorecen a las empresas que cumplen con la ley y fomentan una competencia real, eliminando prácticas de colusión o influyentismo que podrían distorsionar el mercado y afectar la calidad de los insumos.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se instalará una mesa permanente de trabajo entre el sector público y privado, con el objetivo de agilizar los procedimientos de entrega y recepción, además de fomentar el intercambio de mejores prácticas que fortalezcan la transparencia y eficiencia en las compras públicas.
En los próximos días, el gobierno dará a conocer la modalidad para reponer el procedimiento de contratación, en estricto apego al interés público y los principios de legalidad, eficiencia y equidad.
