El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que el abasto de medicamentos en instituciones públicas comienza a regularizarse, luego de que varias farmacéuticas incumplidas han incrementado sus entregas. Aún no se han aplicado sanciones, pero esta semana concluirá la evaluación para determinar qué empresas siguen en rezago.
De las más de 400 proveedoras, 34 presentaron retrasos en la compra consolidada 2025–2026. El gobierno federal les otorgó plazo hasta el 30 de septiembre para ponerse al corriente, bajo advertencia de sanciones administrativas, inhabilitación en futuras licitaciones e incluso consecuencias penales.
Clark señaló que el incumplimiento no es generalizado y que algunas compañías han respondido al llamado presidencial con aumentos en sus entregas. En el caso de medicamentos oncológicos, el número de empresas con problemas bajó de entre 10 y 15 a solo tres o cuatro.
Respecto a los adeudos del gobierno con la industria, estimados en al menos 20,000 millones de pesos, el funcionario indicó que se han iniciado conciliaciones y que existe disposición para avanzar en los pagos. El cumplimiento será considerado como criterio en la próxima licitación 2027–2028.
Las empresas que no hayan cumplido con entregas anteriores podrían recibir penalizaciones en la asignación de puntos, lo que afectaría su participación en futuras compras públicas. El gobierno busca garantizar trazabilidad y estabilidad en el abasto nacional.
