El Gobierno de México refrenda su compromiso de diálogo y cooperación con las autoridades de Estados Unidos para enfrentar los efectos negativos derivados de los flujos migratorios que afectan a ambas naciones y a la región de manera conjunta.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acompañado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, enfatizaron nuevamente la importancia de atender las causas estructurales de la migración, como ha sido expuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), órgano de Naciones Unidas, en su propuesta para el Plan de Desarrollo Integral El Salvador – Guatemala – Honduras – México, que ha sido diseñado en conjunto con los gobiernos del norte de Centroamérica.
A partir de nuestra nueva política migratoria, anunciada en diciembre de 2018, el Gobierno de México ha enfatizado su visión humanitaria y de protección de derechos humanos, al tiempo que hace cumplir la legislación mexicana. Entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, las autoridades migratorias mexicanas han devuelto a 80,537 personas migrantes, principalmente a los países del norte de Centroamérica. Asimismo, México ha detenido a más de 400 personas por delitos vinculados al tráfico de personas.
En sintonía con nuestra visión humanitaria, y en apego al derecho internacional, hemos recibido 24,541 solicitudes de refugio, así como 8,835 migrantes retornados de Estados Unidos que realizan su proceso migratorio ante tribunales estadounidenses mientras aguardan en territorio mexicano. Adicionalmente, alrededor de 18,778 personas esperan en un puerto de entrada fronterizo, aún en territorio mexicano, para presentar solicitudes de asilo ante Estados Unidos.
La propuesta de México es trabajar con Estados Unidos para abordar nuestros desafíos comunes. Sin los importantes esfuerzos mexicanos en materia migratoria, Estados Unidos recibiría 500,000 personas migrantes más, sólo en 2019. Si la lamentable imposición de tarifas arancelarias llegara a implementarse, los flujos migratorios serían aún más numerosos y ambas economías serían menos competitivas al exterior y menos prósperas al interior.
En materia agrícola, como señaló el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, los daños de las medidas arancelarias entre las dos economías complementarias alcanzarían los $117 millones de dólares mensuales o 3.9 millones de dólares diarios (considerando datos del cierre anual de exportaciones 2018). Además, como precisó la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, los efectos negativos llegarían a todos los estados de la Unión Americana e impactarían a las cadenas de valor binacionales, a los consumidores y a los puestos de trabajo que se generan a partir del comercio con México.
La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, subrayó los efectos positivos de la integración económica entre México y Estados Unidos, que toma lo mejor de cada país para elaborar un producto final. Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, añadió que el daño de las tarifas arancelarias sería expansivo, pues el arancel sería gravado cada vez que un producto cruce la frontera. Asimismo, destacó el valor que México aporta para Estados Unidos, al ofrecer un mercado de considerable tamaño para sus exportaciones, con una dinámica poblacional que fortalece su capacidad y competitividad económicas.
El Gobierno de México apuesta por el diálogo como una estrategia que puede evitar una confrontación costosa e innecesaria, al tiempo que analiza los potenciales mecanismos retaliatorios en materia arancelaria. México continuará en defensa de una región más competitiva y libre de aranceles que proteja los derechos humanos y que coopere para, aun desde distintos puntos de vista, resolver los problemas que enfrentamos en común.
