El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró que la decisión sobre la reapertura de la mina de cobre operada por capital canadiense “no está próxima”, al señalar que se trata de un asunto “muy complicado” con múltiples implicaciones. La mina, cerrada en 2023 por mandato de la Corte Suprema tras intensas protestas ciudadanas, representaba el 75% de las exportaciones del país y aportaba cerca del 5% del PIB nacional.
Sus declaraciones llegan tras el llamado de extrabajadores y sindicatos que piden reanudar las operaciones de la mina, ubicada en la costa del Caribe, como una forma de potenciar el empleo ante una economía que creció solo 2.9% en 2024 y una tasa de desempleo del 9.5%, con un mercado laboral marcado por la informalidad. “Existe una crisis de desempleo que azota al país”, expresó Ilka Camargo, exoperaria de la mina.
Mulino reconoció que los extrabajadores “tienen razón”, pero dejó claro que cualquier decisión se tomará “en función del interés nacional, no en función de ningún interés económico ni de ningún socio de la mina”. Agregó que, de alcanzarse un nuevo acuerdo, este debería establecerse con el Estado “ejerciendo su propiedad legítima” sobre los recursos minerales.
La mina, que generaba 300,000 toneladas anuales de concentrado de cobre, cesó operaciones luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión con la empresa First Quantum Minerals, en medio de un clima de rechazo a la minería y una moratoria vigente desde 2023.
