El gobierno de Bolivia enfrenta protestas tras la firma de contratos para la industrialización del litio con un consorcio chino y una empresa rusa. La estatal Yacimiento de Litio Bolivia (YLB) acordó en noviembre de 2023 una inversión de 1,030 millones de dólares con Hong Kong CBC para construir dos plantas de producción de carbonato de litio. En septiembre, se sumó un acuerdo con Uranium One Group (UOG), subsidiaria de la rusa Rosatom.
El jueves, un evento en Potosí para explicar los alcances de los contratos fue suspendido tras más de dos horas de gritos y silbidos en rechazo. Manifestantes exigen la anulación de los acuerdos y cuestionan el impacto ambiental y las bajas regalías mineras.
El gobierno sostiene que el Estado mantendrá el control total sobre la comercialización del litio y que las regalías serán las establecidas en la ley minera (3%). Sin embargo, sectores opositores consideran insuficiente ese porcentaje y critican la falta de estudios de factibilidad ambiental.