La Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República avaló un dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley Minera, en materia de la conformación del Órgano de Gobierno del Servicio Geológico Mexicano.
Al respecto, el senador Napoleón Gómez Urrutia, promovente de la iniciativa, destacó que la propuesta corresponde a las circunstancias actuales de ampliar la representación que no se tiene por parte de los trabajadores dentro del Órgano de Gobierno. “Es un acto de justicia, operatividad, eficiencia y no discriminación”, insistió.
Actualmente, dijo, no hay representantes del sector trabajador, por lo que la propuesta es que haya tres representantes de este sector, solo uno con voto. Señaló que el argumento que se maneja información confidencial que debe ser protegida y resguardada, no aplica, pues toda la información técnica y administrativa que generan es pública.
La presidenta de la Comisión, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, explicó que en la Ley vigente existe una representación mixta que atiende principalmente al Estado con atribuciones de voz, y una participación incluyente con el gremio empresarial, de trabajadores y de la Cámara Minera de México, donde se escucha su opinión, pero no es vinculatoria a través del voto.
Incluir al sector privado, social y sindical en la toma de decisiones va en contra de su naturaleza, pues, de acuerdo con el dictamen, podría generar falta de objetividad debido a los intereses que representan, descuidando el cumplimiento de los objetivos propios del organismo, sostuvo.
Recordó que el Servicio Geológico maneja información confidencial que debe protegerse y resguardarse, ya que puede brindar una ventaja competitiva o económica frente a terceros.
Bajo estos argumentos, indicó la senadora, se plantea mantener la administración del Órgano como funciona actualmente, y se aclara que no se coartan los derechos de los trabajadores.
El senador Germán Martínez Cázares, de Morena, coincidió en que debe existir un equilibrio de la relación laboral, misma que no se logra si se excluye la voz y voto en condiciones de equidad con los empresarios.
Refirió que dicho balance obedece a una observación internacional, la número 24 en la materia, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, que obliga a que los trabajadores tengan opinión en las relaciones de producción donde laboran.
