La Cámara de Diputados aprobó este viernes el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes en materia de concesiones para minería y agua, con lo que se busca reducir la vigencia de las concesiones mineras y endurecer las condiciones para otorgarlas.
Avalada con 251 votos a favor, 209 en contra y una abstención, el proyecto será remitido al Senado, donde se mantendrá para su análisis y posterior ratificación por el Pleno. De ser aprobada por la institución, la nueva reforma prohibiría la explotación de minerales o sustancias, así como la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
Al defender la iniciativa, la diputada Raquel Bonilla, de Morena, argumentó que las modificaciones “tienen como objetivo que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación”.
El legislador Joaquín Zebadúa, también de Morena, denunció que las mineras evaden impuestos por 19,000 millones de pesos (más de 1,055 millones de dólares) y que en los gobiernos anteriores hubo más de 1,600 concesiones en áreas naturales protegidas.
Mientras que el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT), aliado del Gobierno, apuntó que el 62 % de las minas metálicas en México no cuenta con concesiones de agua, 55 % no tiene datos sobre emisiones de contaminantes, y 51 % opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.
Las reformas obligarían a las compañías del sector a devolver al menos el 10% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones.
El año pasado, López Obrador defendió la nacionalización de la incipiente industria del litio del país, favoreciendo la creación de una empresa estatal para la extracción del codiciado metal de las baterías, en otra medida que, según los analistas del sector minero, reduce el apetito de los inversores.
Sin embargo, la oposición acusó a la alianza del Gobierno de votar la reforma en “fast track”, como se dice cuando la mayoría en el Congreso apresura una votación sin consenso.
La diputada Laura Patricia Contreras, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), advirtió riesgos para un sector que tiene 417,000 empleos, aporta el 2,5 por ciento de la economía nacional, y genera ingresos anuales por 269,000 millones de pesos (14.944 millones de dólares).
La reforma podría generar tensiones con los socios del T-MEC, en particular con Canadá, alertaron especialistas y empresas.
