El Gobierno de México anunció que impugnará el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en favor de la minera estadounidense Odyssey Marine Exploration. Según la resolución, México deberá pagar 37.1 millones de dólares a la empresa por incumplir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al negar permisos medioambientales.
Las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desaprobaron la decisión y anunciaron que buscarán anularla “ante las cortes competentes”, debido a las “serias deficiencias” en la resolución y las críticas del árbitro disidente. Además, el Gobierno mexicano asumirá los gastos de honorarios de los árbitros y costos administrativos del proceso que inició en septiembre de 2020.
El conflicto se originó por la negativa de México de otorgar permisos a Odyssey para desarrollar el proyecto de minería submarina “Don Diego” en Baja California Sur, el cual buscaba extraer siete millones de toneladas anuales de arenas fosfáticas en una extensión de 61,989 hectáreas en el Golfo de Ulloa.
El Gobierno de México enfatizó su compromiso de defender sus recursos naturales y su soberanía, reafirmando que no permitirá que proyectos que favorezcan a grupos minoritarios vayan en detrimento del medio ambiente.
