Una jueza federal en Estados Unidos ordenó a la administración del presidente Donald Trump liberar miles de millones de dólares previamente asignados a 14 estados para la construcción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. El fallo responde a una demanda presentada por una coalición de estados liderada por California, tras la suspensión del programa por parte del gobierno federal en febrero de este año.
El programa, aprobado por el Congreso en 2022 como parte de una iniciativa bipartidista, contemplaba 5,000 millones de dólares para el despliegue de estaciones de carga en todo el país. La jueza Tana Lin concluyó que el Ejecutivo excedió sus facultades constitucionales al congelar fondos ya autorizados por el poder legislativo. “Cuando el poder ejecutivo invade la voluntad del poder legislativo […] es deber del Tribunal restaurar el equilibrio de poderes”, señaló en su resolución.
Los estados demandantes argumentaron que la suspensión afectó proyectos en curso y comprometió recursos locales invertidos con base en los fondos federales prometidos. El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró la decisión y acusó a la administración Trump de actuar en favor de intereses vinculados a los combustibles fósiles.
La orden judicial, que entrará en vigor el 2 de julio salvo apelación, representa un revés para la política energética del actual gobierno, que ha revertido varias medidas ambientales impulsadas por la administración anterior. El Departamento de Transporte, por su parte, defendió la suspensión como parte de una revisión del programa y criticó el fallo como una “decisión sin sentido” emitida por una jueza con sesgo ideológico.
El litigio se enmarca en un contexto de creciente polarización sobre el rumbo de la transición energética en Estados Unidos, donde algunos estados buscan acelerar la adopción de tecnologías limpias mientras el gobierno federal promueve la expansión de la industria petrolera.
