El pasado 3 de agosto, a un mes después del derrumbe de la mina de El Pinabete en Coahuila, la Fiscalía General de la República (FGR) giró tres órdenes de aprehensión por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El procedimiento de investigación por los hechos ocurridos en el pozo minero propiedad de la empresa “El Pinabete” S.A. de C.V. inició desde el 5 de agosto. Seis días después se solicitó una audiencia judicial en contra de una persona, por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo a través de esta mina de carbón mineral, puesto que incumple con las obligaciones que la ley le impone a quien realiza ese tipo de actividades.
Ahora, el pasado 4 de septiembre, la FGR informó a través de un comunicado que dichas órdenes de aprehensión son por la probable comisión del delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación.
