El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la creación de una nueva Área Natural Protegida (ANP) en Quintana Roo, llamada Felipe Carrillo Puerto, que abarca más de 53,000 hectáreas. Esta área incluye la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, ubicada en Playa del Carmen. El decreto prohíbe cualquier actividad extractiva en la zona, poniendo fin a las operaciones de extracción de material pétreo para su exportación a Estados Unidos.
López Obrador justificó la medida bajo el artículo cuarto constitucional, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y el artículo 27, que otorga al Estado la facultad de imponer restricciones a la propiedad privada en interés público. El presidente mencionó que se intentó llegar a un acuerdo con la empresa, pero finalmente se decidió convertir la mina en reserva natural debido al daño ambiental causado por las actividades extractivas.
El impacto ambiental generado por la mina Calica incluye la exposición de cuerpos de agua y la modificación de los flujos subterráneos, afectando la calidad del agua en la región, según estudios justificativos.
Vulcan Materials ha enfrentado restricciones desde 2009, cuando se modificó el uso de suelo en varios de sus predios. La empresa inició un litigio internacional en 2018 contra el Estado mexicano por 1,500 millones de pesos, y este conflicto podría intensificarse tras el nuevo decreto.
Mientras tanto, senadores de Estados Unidos han propuesto sanciones en respuesta a esta acción del gobierno mexicano, buscando afectar las operaciones en la Terminal Marítima de Puerto Venado, desde donde Vulcan exportaba el material.
