El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró su intención de lograr la clausura legal “definitiva” de las instalaciones de la empresa estadounidense Vulcan, que extrae piedra caliza en Quintana Roo, antes de finalizar su gestión el 1 de octubre. Esta medida se enmarca en el contexto de daños medioambientales que el gobierno ha atribuido a la operación de la minera, aunque la compañía ha negado estas acusaciones.
En 2022, el gobierno mexicano ordenó la suspensión de las actividades de Vulcan, y en 2023, fuerzas de seguridad locales ocuparon el puerto utilizado por la empresa para exportar su producción a Estados Unidos. López Obrador enfatizó: “Ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva porque es mucho el daño que han causado”.
En mayo, el presidente refutó la caracterización de la clausura como una expropiación, en respuesta a comentarios del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien sugirió que la postura de México podría desalentar inversiones. El mandatario también propuso en el pasado una oferta de 6,500 millones de pesos (aproximadamente 391 millones de dólares) para adquirir el terreno de Vulcan, con el fin de transformar la zona en un desarrollo turístico, que incluiría un puerto para cruceros.
La mina se localiza en la península de Yucatán, cerca del controversial proyecto del Tren Maya, un ferrocarril turístico de 1,500 kilómetros que ha suscitado críticas por posibles impactos medioambientales.
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