La Cámara Minera de México (CAMIMEX) ha manifestado una profunda preocupación por las posibles modificaciones al Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, tal como han sido propuestas por la Cámara de Diputados.
La Cámara insta al Poder Legislativo a realizar un análisis riguroso y técnico, argumentando que la redacción actual de la propuesta pone en riesgo la continuidad operativa de la minería en el país.
Según la CAMIMEX, la redacción vigente del Artículo 118 equivaldría a una prohibición práctica de construir instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones montañosas donde se concentra la actividad extractiva. Esto no solo afectaría a más de 3 millones de familias que dependen directa o indirectamente de la minería, sino que también amenaza la seguridad nacional en el abastecimiento de minerales y la competitividad industrial de México.
La Cámara enfatiza que la minería formal y regulada no descarga desechos tóxicos en cuerpos de agua, cauces o vasos. Los residuos del proceso de beneficio (conocidos como jales) son gestionados mediante infraestructura especializada diseñada y supervisada bajo la estricta normatividad mexicana de la SEMARNAT y alineada a estándares internacionales. La construcción de esta infraestructura es esencial para una operación segura y responsable.
Peticiones clave de la industria
La CAMIMEX considera indispensable que el Artículo 118 sea modificado para:
- Claridad regulatoria: Establecer explícitamente que los residuos mineros se confinan de forma segura y no se vierten en cuerpos de agua.
- Viabilidad geográfica: Considerar la compleja geografía mexicana, ya que las prohibiciones absolutas, de mantenerse, harían que el país dependiera de la importación de minerales.
- Reconocimiento de infraestructura: Reconocer la necesidad de la infraestructura en zonas federales (como las obras para el manejo de aguas residuales) y la supervisión permanente requerida para el cumplimiento ambiental.
La minería, considerada un pilar de la economía y la competitividad de Norteamérica, reitera su disposición a colaborar con el Gobierno para establecer un marco regulatorio “eficaz, sustentable y alineado con los objetivos nacionales”.
