El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China ha aprobado una nueva legislación diseñada para robustecer las capacidades del país frente a conflictos comerciales externos.
Esta ley establece un marco jurídico formal que permite al gobierno de Beijing responder con mayor agilidad ante sanciones, aranceles o restricciones impuestas por otras naciones en el actual contexto de tensiones globales.
La normativa introduce herramientas legales específicas para salvaguardar los intereses nacionales y la seguridad económica. Entre ellas se encuentra la facultad de aplicar contramedidas proporcionales contra países que impongan restricciones comerciales discriminatorias a empresas o productos chinos.
Así mismo el fortalecimiento de los controles sobre exportaciones de tecnologías críticas y recursos estratégicos considerados vitales para la soberanía del país y la disposición para mitigar el impacto de las sanciones extranjeras en la cadena de suministros y en la operación de sus sectores industriales clave.
La aprobación de esta ley ocurre en un periodo de intensas negociaciones y fricciones arancelarias, particularmente con potencias occidentales. Con esta medida, el gobierno chino busca centralizar y dar sustento legal a sus tácticas de represalia, pasando de respuestas reactivas a una estrategia de defensa económica institucionalizada que proporcione certidumbre jurídica a sus procesos de comercio exterior.
