El Gobierno de México ha determinado que el conflicto en la mina San Martín, perteneciente a Grupo México, derivado de la presunta denegación de derechos laborales deberá resolverse en instancias judiciales nacionales y no por medio del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC.
Por medio de un comunicado compartido en las redes sociales, las secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) señalaron que enviaron al Gobierno de Estados Unidos los resultados de la investigación sobre la presunta denegación de derechos en perjuicio del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana por parte de Grupo México, operador de la mina San Martín, Zacatecas.
De acuerdo con las secretarías, el conflicto en la mina San Martín data de julio de 2007, cuando el sindicato minero estalló la huelga; por lo que las dependencias argumentan que el conflicto laboral de dicha mina se presentó antes de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en el año 2020, por lo cual no es admisible.
Luego de 16 años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución el 9 de junio de 2023, en la que dejo sin efectos el acuerdo dictado por esa misma autoridad el 23 de agosto de 2018, que daba por terminada la huelga a través de un convenio firmado entre Grupo México y una coalición de trabajadores.
Días después, el 14 de junio, la JFCA resolvió el juicio de imputabilidad de la huelga y dictó un laudo en favor del sindicato minero, el cual reconoce a éste como titular del contrato colectivo, declarando a Grupo México como responsable de causar la huelga y lo condenó a pagar salarios caídos y prestaciones, con lo cual dio por terminada la huelga.
De los resultados de la investigación del gobierno de México sobre la presunta denegación de derechos se desprende que el conflicto se encuentra fuera del ámbito de aplicación del MLRR conforme al principio de irretroactividad de la Ley, subrayaron las dependencias.
Asimismo, indicaron que no existe evidencia de que la mina mexicana exporte mercancías a Estados Unidos.
Las autoridades nacionales concluyeron que el conflicto en la Mina San Martín tendrá su resolución final en las instancias judiciales nacionales y reiteró su compromiso para hacer cumplir los derechos de las personas trabajadoras del país.
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