El jueves pasado, el Gobierno federal de México anunció la ampliación a las fechas para la regularización de vehículos procedentes del extranjero, del 1 de enero al 31 de marzo de este año, con el objetivo de disminuir la circulación de vehículos sin identificar.
En tanto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), se ha pronunciado en contra de dicha disposición pues afirma que los compromisos internacionales en pro de la sustentabilidad y mejora al medio ambiente, así como el impulso al uso de vehículos eléctricos y tecnologías limpias, no van de la mano con dicho decreto; además de que esto expone la seguridad vial de nuestro país.
“Esto denota una profunda incongruencia al incentivar el envejecimiento del parque vehicular nacional en vez de impulsar su renovación con programas de apoyo para el transporte público, el campo y los microempresarios”, dijo Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó el pasado 28 de diciembre que la suma de unidades de contrabando reguladas era de cerca de un millón 47 mil 142.
Al contrario de lo esperado, el objetivo de acabar con la informalidad de este tipo de unidades no ha parado, puesto que la entrada de miles de vehículos de contrabando continúa con un flujo diario que no se ha detenido a la fecha.
Según estimaciones de la AMDA, al cierre de 2022 se habría regularizado e importado hasta un millón 200 vehículos usados; siendo esto una cifra mayor al nivel de venta de automotores nuevos, la cual suma una cantidad de un millón 70 mil.
