Google destinará 500 millones de dólares durante los próximos 10 años para mejorar su estructura de cumplimiento y supervisión, como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por sus accionistas, quienes alegan que la compañía incurrió en violaciones antimonopolio.
El acuerdo, que aún requiere la aprobación de la jueza federal Rita Lin, establece la creación de un comité independiente para supervisar el riesgo y cumplimiento, una función que antes recaía en el comité de auditoría y cumplimiento de Alphabet, empresa matriz de Google. También se contempla un comité de regulaciones y cumplimiento a nivel de vicepresidente senior, encargado de informar directamente al CEO Sundar Pichai, además de un comité interno de cumplimiento, compuesto por gerentes de producto y expertos en normativas.
En su comunicado, Google rechazó cualquier responsabilidad en el caso y destacó que ha invertido recursos significativos en procesos de cumplimiento. “Para evitar litigios prolongados, estamos felices de hacer estos compromisos”, señaló la empresa con sede en Mountain View, California.
La demanda, encabezada por fondos de pensiones de Michigan, acusa a los ejecutivos de Alphabet de haber incumplido sus deberes fiduciarios, exponiendo a la compañía a riesgos legales por sus negocios en búsqueda, tecnología publicitaria, Android y distribución de aplicaciones. Como parte del acuerdo, las nuevas políticas de cumplimiento deben mantenerse vigentes por al menos cuatro años, pero los accionistas no recibirán compensación económica directa.
El litigio se da en un contexto donde Google enfrenta múltiples procesos antimonopolio. Recientemente, el juez Amit Mehta concluyó audiencias sobre cómo abordar la posición dominante de la compañía en búsquedas. Entre las propuestas del Departamento de Justicia de EE.UU., se evalúa la posibilidad de que Google venda su navegador Chrome y comparta datos de búsqueda con sus competidores.
Este caso, registrado bajo el nombre “Alphabet Inc Shareholder Derivative Litigation”, podría marcar un precedente sobre la supervisión y regulación de grandes plataformas tecnológicas, en un entorno de mayor escrutinio y regulación antimonopolio.
