En un informe reciente del Instituto Fraser, México sufrió un marcado descenso en su índice de competitividad minera, cayendo de la posición 37 en 2022 a la 74 en 2023. Esta caída significativa, la más pronunciada registrada hasta la fecha, refleja los impactos de las reformas a la Ley Minera implementadas el año pasado.
Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), expresó preocupación respecto a la discrepancia entre las percepciones de confianza en el gobierno y la realidad económica reflejada en estos índices. Según Gutiérrez, la falta de certidumbre en las políticas regulatorias podría minar la confianza de los inversionistas, crucial para el futuro del sector.
Las reformas incluyen cambios significativos en la obtención de concesiones mineras y una reducción en la duración máxima de estas concesiones, aspectos que según Karen Flores, directora general de Camimex, podrían impactar negativamente la producción y las inversiones futuras en el sector.
A pesar de estos desafíos, se proyectan flujos de inversión considerables para 2024, aunque se estima que más de 4,500 millones de dólares en inversiones están actualmente detenidos debido a restricciones regulatorias pendientes de resolución.
La industria minera, que representa un pilar económico en muchas comunidades alejadas, continúa enfrentando retos significativos en términos de seguridad y costos operativos, lo que subraya la urgencia de mejoras en este aspecto.
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