Senadores del Partido del Trabajo (PT) han urgido a la Secretaría de Economía a tomar medidas contundentes para abordar el creciente problema de la minería ilegal en el país. En un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, el Servicio Geológico Mexicano y los gobiernos estatales, se busca localizar y clausurar las operaciones mineras clandestinas que extraen minerales pertenecientes a la nación, así como aplicar sanciones a los responsables.
La solicitud, realizada a través de un punto de acuerdo por las senadoras Cora Pinedo, Geovanna Bañuelos, y el senador Joel Padilla, también pide a la Secretaría de Economía establecer mecanismos para certificar la procedencia legal de los recursos minerales destinados a la exportación.
Geovanna Bañuelos, coordinadora del PT en la Cámara alta y presidenta de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, advirtió sobre las consecuencias ambientales y sociales de la minería ilegal, destacando su creciente vínculo con el crimen organizado. Bañuelos subrayó la necesidad de abordar este problema que, además de dañar el medio ambiente, contribuye a la violencia, el desplazamiento forzado y la explotación laboral, entre otros males.
La preocupación por la minería ilegal no se limita al ámbito nacional. Bañuelos hizo hincapié en que este fenómeno está en aumento no solo en México, sino también en toda América Latina. Además, señaló que las actividades de explotación minera sin regulación no solo afectan áreas naturales protegidas, sino también zonas agrícolas y turísticas, generando importantes ingresos para grupos criminales.
La legisladora mencionó casos específicos, como el de San Ignacio, Sinaloa, donde el Cartel de Sinaloa tomó control de una mina después de que se negaran los permisos ambientales, y el de la mina El Pilón en Jalisco, invadida por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos son solo ejemplos de una problemática más amplia que requiere una acción urgente y coordinada.
Bañuelos también hizo referencia a un informe de las Naciones Unidas que estima que más de 10 millones de mineros ilegales en más de 70 países, incluyendo a México, utilizan mercurio, una sustancia altamente tóxica, en sus operaciones.
El punto de acuerdo presentado por los senadores del PT ha sido remitido a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictamen, marcando un paso inicial en la lucha contra la minería ilegal en México y la protección de los recursos naturales del país.
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