México deberá abonar 37.1 millones de dólares a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, tras perder un arbitraje internacional por la negativa de la SEMARNAT a otorgar un permiso ambiental para el proyecto de minería submarina “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó el fallo que también incluye intereses anuales a partir de octubre de 2018, además de los costos del arbitraje.
El proyecto de Odyssey, que buscaba extraer fosfato del fondo marino para la fabricación de fertilizantes, fue rechazado en dos ocasiones por la SEMARNAT. La empresa alegó un trato injusto y la expropiación de la concesión minera, mientras que el CIADI determinó que México incumplió sus obligaciones bajo el capítulo 11 del TLCAN. La negativa de SEMARNAT se basó en preocupaciones medioambientales sobre posibles daños a especies marinas y ecosistemas locales.
Organizaciones de la sociedad civil y científicos han expresado su preocupación por el impacto ambiental del proyecto, incluyendo posibles daños a la biodiversidad marina y la afectación a pesquerías locales. La decisión del CIADI también ha sido criticada por algunos sectores que consideran que podría sentar un precedente peligroso para futuras evaluaciones ambientales en México.
